Cuando conseguir un medicamento se convierte en una carrera contra el tiempo
En los pasillos de los centros de salud de Ituzaingó ya no se habla solamente de turnos, controles o recetas. Cada vez más vecinos llegan con una preocupación que atraviesa a jubilados, madres solas, trabajadores y familias enteras: conseguir los medicamentos básicos que antes estaban garantizados por el Estado.
Lo que durante años funcionó como una red silenciosa de contención sanitaria hoy comienza a desmoronarse. El cierre y desfinanciamiento del histórico “Plan Remediar” no es simplemente una decisión administrativa. Para muchas familias del interior argentino significa quedar literalmente a la deriva frente al aumento constante de los precios de los medicamentos y la crisis económica.
Y en ciudades como Ituzaingó, donde gran parte de la población depende del sistema público de salud, el impacto ya se empieza a sentir con fuerza.
¿Qué era el Plan Remediar y por qué era tan importante?
El “Plan Remediar” fue creado en 2002 con un objetivo claro: garantizar medicamentos gratuitos esenciales en el primer nivel de atención médica.
Durante sus años de mayor funcionamiento llegó a cubrir cerca del 90% de las patologías más comunes atendidas en centros de salud públicos. Su vademécum incluía unas 79 presentaciones farmacológicas y no solo contemplaba enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes.
También proveía:
- Antibióticos
- Corticoides
- Antiparasitarios
- Sales de rehidratación oral
- Medicamentos respiratorios
- Tratamientos gastrointestinales
- Medicación dermatológica
- Salud sexual y reproductiva
El programa permitía resolver enfermedades cotidianas antes de que se transformaran en cuadros graves. Era, en términos sanitarios, una herramienta clave de prevención.
Sin embargo, el desfinanciamiento sostenido durante los últimos años terminó desembocando en su cierre formal en 2026.
Una decisión política que genera indignación
El impacto de esta medida despierta fuertes críticas en distintos sectores sanitarios y sociales.
Muchos cuestionan especialmente el perfil del actual Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, vinculado históricamente al negocio privado de la salud.
Para numerosos trabajadores y referentes del sistema público, este tipo de decisiones eran previsibles dentro del modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, al considerar que se prioriza una lógica de mercado incluso en áreas sensibles como la salud pública.
Las críticas apuntan a que, mientras aumenta la pobreza y miles de personas dejan de poder pagar medicina prepaga u obras sociales, el Estado reduce justamente una de las herramientas más importantes de acceso gratuito a medicamentos.
La consecuencia puede ser devastadora: enfermedades mal tratadas, guardias saturadas, internaciones evitables y una desigualdad sanitaria cada vez más profunda entre quienes pueden pagar y quienes no.
En Ituzaingó, el esfuerzo humano intenta cubrir lo que el Estado deja vacante
Frente a este escenario, hay una realidad que se repite diariamente en los centros de salud de la ciudad y que muchas veces no aparece en los grandes medios.
Trabajadores y profesionales de las farmacias del Hospital Dr. Genaro Leiva, del Hospital Ricardo Billinghurst, del Centro Integral Comunitario (CIC) Barrio San Jorge y de los CAPS de los barrios 180 Viviendas, Itatí, Las Mil Viviendas y Genaro Leiva (PROMIN), multiplican esfuerzos todos los días para ayudar a quienes más lo necesitan.
Muchas veces llaman de un centro a otro buscando un medicamento faltante. Otras veces recorren personalmente distintos puntos de la ciudad intentando conseguir una caja para un jubilado que no puede comprarla, para una madre sola o para pacientes que ya no tienen otra alternativa.
Ese trabajo silencioso sostiene hoy gran parte del sistema de atención primaria local.
Mientras las políticas nacionales se retraen, son los trabajadores de salud quienes terminan poniendo el cuerpo para evitar que la situación sea todavía peor.
El problema también profundiza las desigualdades entre provincias
Otro aspecto preocupante es el impacto federal del cierre de Remediar.
Según distintos informes sanitarios, varias provincias ya comenzaron a manifestar rechazo a la medida y algunas debieron realizar compras propias para cubrir parcialmente los faltantes.
Pero no todas las provincias tienen los mismos recursos económicos.
Eso significa que el acceso a medicamentos comienza a depender cada vez más de la capacidad financiera de cada distrito, generando una Argentina sanitaria profundamente desigual.
En los hechos, la salud deja de ser un derecho garantizado de manera universal y pasa a depender del lugar donde vive cada ciudadano.
Una preocupación que recién empieza
En Ituzaingó, muchas familias todavía no dimensionan completamente lo que implica la desaparición del Plan Remediar. Pero quienes trabajan diariamente en hospitales y CAPS ya perciben el aumento de consultas, la desesperación de pacientes y las dificultades para sostener tratamientos básicos.
La salud pública atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Y mientras algunos sectores defienden el ajuste como una medida económica necesaria, miles de vecinos sienten en carne propia que el costo termina pagándose con algo mucho más importante: la posibilidad de acceder a un medicamento esencial.
Conclusión
La crisis del Plan Remediar no es solo una discusión política o presupuestaria. Es una situación concreta que afecta la vida diaria de miles de personas.
En tiempos donde cada vez más ciudadanos dependen del sistema público, el esfuerzo de médicos, farmacéuticos y trabajadores sanitarios de Ituzaingó se convierte en una barrera humana frente al abandono.
La gran pregunta es cuánto tiempo podrán sostener solos una demanda que no deja de crecer.
